Redacción: eluniversounesum.com

En un espacio de réplica ofrecido por un medio local, el Procurador Síndico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), Ab. César León Vélez, expuso detalladamente el proceso legal en torno al pago de valores a varios funcionarios de la institución, derivado de un pliego de peticiones presentado por el Comité de Trabajadores.

En su intervención, León subrayó que, pese a que la sentencia del Ministerio del Trabajo no ordenaba el pago de intereses, la perito liquidadora asignada por el inspector de trabajo incluyó rubros por intereses legales, configurando lo que considera una grave irregularidad. “Nos condenan a valores que no constan en la sentencia y eso vulnera la seguridad jurídica”, señaló.

Aclaró que la rectora de la universidad cumplió con el mandamiento de ejecución emitido por el Inspector de Trabajo, gestionando junto a las direcciones correspondientes la modificación presupuestaria necesaria, autorizada mediante resolución del Órgano Colegiado Superior por un monto de $843.858,42. Sin embargo, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas negó la parametrización para el pago, aduciendo que se contravenía la normativa vigente.

Posteriormente, y pese a estar en curso un proceso de mediación convocado por el mismo Ministerio del Trabajo, la rectora fue sancionada con la máxima multa administrativa y el caso fue remitido a la Fiscalía, sin que se otorgara el derecho a la defensa ni se consideraran los documentos presentados. “Nos violentaron el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva”, denunció el Procurador.

Actualmente, la universidad enfrenta un proceso coactivo. No obstante, se ha solicitado una prórroga para presentar fórmulas de pago o excepciones legales, tal como establece la normativa. “Estamos dentro del plazo legal y actuando conforme a derecho”, afirmó León.

En cuanto a las diferencias de valores en los roles de pago, explicó que se debe a ajustes necesarios según los techos salariales vigentes, y no a discriminaciones dentro del personal. Además, informó que un valor de $50,00 señalado por algunos como derecho extensivo, no ha sido cancelado y se encuentra en análisis presupuestario por tratarse de una acta transaccional de una administración anterior.

Finalmente, el Procurador también se refirió al caso de falsificación de títulos, aclarando que, una vez conocida la denuncia, la rectora procedió inmediatamente a recopilar los documentos y presentar la denuncia ante la Fiscalía, donde el caso se encuentra en investigación. “Este proceso se seguirá hasta las últimas consecuencias. Los responsables deberán responder ante la ley”, sentenció.

César León hizo un llamado a la ciudadanía para informarse únicamente a través de los canales oficiales de la UNESUM. “No se dejen llevar por versiones sin sustento. Los documentos hablan por sí solos y demuestran nuestra actuación apegada a la ley”, concluyó.